Nueve meses después de que el Ministerio de Seguridad Social designara a los nuevos integrantes de la Comisión de Control Especial, el fondo público de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) continúa sin actividad real. Esta iniciativa, lanzada en 2022 por el Gobierno con el propósito de impulsar el ahorro colectivo como complemento a las pensiones estatales, se encuentra estancada sin haber logrado adscribir ningún plan de pensiones a los 15 vehículos de inversión diseñados por las gestoras seleccionadas.
La situación actual representa la continuación de un problema que ya provocó la dimisión en bloque de los cinco representantes ministeriales en 2025. Aquellos responsables abandonaron sus cargos tras año y medio sin resultados tangibles. Ahora, los nuevos gestores se enfrentan al mismo escenario: no percibirán retribución hasta que las gestoras logren captar al menos 1.000 millones de euros en ahorro, una cifra que parece lejana dado el nulo avance registrado hasta la fecha.
Cinco gestoras con vehículos sin capital
Las entidades financieras que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo para desarrollar esta plataforma son VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones del BBVA, Ibercaja y Santander. Cada una diseñó tres vehículos de ahorro distintos, sumando un total de quince opciones disponibles. El compromiso inicial establecía que cada fondo debería recaudar 500 millones de euros, alcanzando así los 2.500 millones totales en un plazo máximo de tres años desde el inicio de las captaciones. Sin embargo, el calendario avanza sin que ningún plan de empleo se haya incorporado al sistema.
El diseño de esta iniciativa pública otorga a las gestoras la responsabilidad de promover y comercializar los productos, pero la ausencia de incentivos claros y las condiciones estructurales del modelo dificultan su atractivo. Los gastos de gestión fijados son muy competitivos para los trabajadores, lo que reduce significativamente los márgenes de beneficio para las entidades. Esto lleva a que muchas de ellas prefieran ofertar planes de pensiones alternativos con mayor rentabilidad comercial, relegando los fondos públicos a un segundo plano.
Gobernanza compartida y pérdida de poder sindical
Uno de los aspectos más polémicos del FPEPP es su estructura de gobierno. La Comisión de Control Especial está compuesta por trece miembros: cinco propuestos por el Ministerio de Seguridad Social, cuatro por los sindicatos CCOO y UGT, y cuatro por las patronales CEOE y Cepyme. Este reparto institucional genera fricciones, especialmente entre las organizaciones sindicales, que ven mermada su influencia al no ostentar mayoría en la toma de decisiones.
Antonio Méndez Baiges, abogado especializado en previsión y pensiones, explica que la principal resistencia a la adhesión proviene de la gobernanza externa. Mientras los fondos de promoción privada son supervisados por representantes directos de los promotores y partícipes, en el caso público esta función recae en un órgano donde intervienen actores institucionales ajenos a las empresas y trabajadores. Esta cesión de control disuade a muchas organizaciones de confiar en el mecanismo, ya que prefieren mantener la gestión interna de sus propios planes.
Además, fuentes del sector señalan que las federaciones sindicales sectoriales y provinciales muestran reticencias a ceder cuotas de poder a las centrales sindicales nacionales, que son las que proponen a los representantes expertos en la Comisión. Esta fragmentación interna añade otra capa de complejidad a la ya difícil tarea de atraer planes de empleo al sistema público.
La Administración General del Estado, ausente del sistema
Un elemento clave en el fracaso del FPEPP es la ausencia de los empleados públicos. Desde 2011, la Administración General del Estado dejó de realizar aportaciones al plan de pensiones de empleados públicos que estaba en vigor desde 2004, gestionado por BBVA. A partir de ese momento, solo los propios trabajadores pueden realizar contribuciones voluntarias. Aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2018 reabrieron la posibilidad de retomar las aportaciones públicas, esta medida nunca se activó.
Expertos consultados consideran que los planes de empleo de empleados públicos deberían ser los primeros en adherirse a los fondos de promoción pública, pero la falta de liderazgo político ha impedido que esto ocurra. La incorporación de este colectivo, que representa cientos de miles de trabajadores, podría haber servido como impulso inicial para generar volumen y dar credibilidad al sistema. Sin embargo, la inacción administrativa perpetúa el estancamiento.
Un modelo en revisión ante la evidencia del fracaso
El contexto demográfico que motivó la creación del FPEPP sigue vigente: España enfrenta el envejecimiento acelerado de su población y la jubilación masiva de la generación del baby boom. El sistema público de pensiones se encuentra bajo presión financiera creciente, y el ahorro privado complementario es considerado una pieza fundamental para garantizar el bienestar de los jubilados futuros. No obstante, la herramienta diseñada para canalizarlo no está cumpliendo su función.
Las gestoras seleccionadas, que invirtieron recursos en el desarrollo de los vehículos de inversión, se encuentran ahora en una situación de incertidumbre. Sin planes adheridos no hay captación, y sin captación no hay remuneración ni para ellas ni para los miembros de la Comisión de Control. Este círculo vicioso pone en cuestión la viabilidad del modelo y abre el debate sobre la necesidad de reformular los incentivos, la gobernanza y la estrategia de promoción del fondo.
En clave: Por qué importa
El estancamiento del fondo público de pensiones revela las dificultades inherentes a la implementación de políticas de ahorro colectivo cuando convergen intereses institucionales, comerciales y sindicales divergentes. La ausencia de adhesiones tras casi dos años de operatividad formal pone de manifiesto que un diseño institucional complejo y poco atractivo comercialmente no genera tracción por sí solo, incluso cuando responde a una necesidad social reconocida. La falta de liderazgo del sector público, que podría haber dado ejemplo incorporando a sus propios empleados, debilita aún más la credibilidad de la iniciativa. Si no se introducen cambios estructurales o incentivos más claros, el objetivo de los 2.500 millones para 2026 parece inalcanzable, y con ello se desvanece una oportunidad de reforzar el ahorro complementario en un momento crítico para el sistema de pensiones español.
